By 
*La iniciativa, impulsada por el parlamentario Fernando Efrén Torres Gracia, propone crear una ley de vanguardia para garantizar los derechos lingüísticos, culturales, educativos, sociales y políticos de las personas sordas en Michoacán.
Como parte del compromiso de convertir en leyes las propuestas emanadas del Primer Parlamento con Perspectiva de Discapacidad del Congreso del Estado, la diputada local Nalleli Pedraza Huerta presentó, junto con el parlamentario Fernando Efrén Torres Gracia, una iniciativa para expedir la Ley para el Reconocimiento de las Identidades Culturales y Lingüísticas de las Comunidades Sordas del Estado de Michoacán de Ocampo.
La propuesta tiene como objetivo reconocer, proteger, garantizar y promover los derechos lingüísticos, culturales, educativos, sociales, económicos y políticos de las comunidades sordas, consolidando a la Lengua de Señas Mexicana (LSM) como su lengua oficial y patrimonio lingüístico, además de establecer políticas públicas que garanticen la accesibilidad comunicativa y su participación plena en la vida pública.
Nalleli Pedraza destacó que esta iniciativa representa un paso histórico hacia una sociedad verdaderamente incluyente, al reconocer que las personas sordas no solo forman parte de un grupo de atención prioritaria, sino también de una comunidad con identidad cultural y lingüística propia.
“Las personas sordas tienen derecho a ser reconocidas desde su identidad, su lengua y su cultura. La inclusión comienza cuando el Estado entiende que la diversidad también enriquece nuestra sociedad y que todas las personas deben ejercer sus derechos en igualdad de condiciones”, afirmó.
La iniciativa reconoce oficialmente a la comunidad sorda como un colectivo social, político y lingüístico, y establece que el Estado deberá garantizar el uso de la Lengua de Señas Mexicana en todos los ámbitos de la vida pública, eliminando las barreras de comunicación que históricamente han limitado el acceso a derechos fundamentales.
Entre sus principales disposiciones, la propuesta establece la implementación progresiva de servicios públicos accesibles mediante intérpretes de LSM, materiales visuales, plataformas digitales adaptadas y transmisiones oficiales con interpretación en lengua de señas.
Asimismo, plantea fortalecer el modelo educativo bilingüe y bicultural para estudiantes sordos, considerando a la Lengua de Señas Mexicana como primera lengua y al español escrito como segunda, además de impulsar la formación, certificación y contratación de docentes sordos como modelos lingüísticos dentro del sistema educativo.
Otro de los aspectos relevantes es el reconocimiento de los derechos de las personas sordas en el acceso a la justicia, la salud, el empleo y la participación ciudadana, garantizando intérpretes certificados en procedimientos judiciales, consultas médicas, trámites administrativos y servicios públicos.
La iniciativa también contempla la erradicación del término “sordomudo” de toda documentación oficial, al considerar que se trata de una expresión discriminatoria que desconoce la identidad y la realidad de la comunidad sorda.
Además, propone la creación del Consejo Estatal de la Comunidad Sorda, órgano permanente de consulta y participación integrado de manera paritaria por representantes del gobierno y de la sociedad civil, que tendrá como función evaluar las políticas públicas, proponer acciones de inclusión y garantizar que las decisiones relacionadas con la comunidad sorda sean tomadas con su participación directa.
La propuesta incorpora un enfoque de interseccionalidad y perspectiva de género, con medidas específicas para proteger a mujeres y niñas sordas, garantizar el consentimiento informado en Lengua de Señas Mexicana en los servicios de salud y asegurar el acceso efectivo a la justicia para víctimas de violencia.
Asimismo, reconoce la diversidad de las comunidades sordas indígenas, promoviendo el respeto a sus formas propias de comunicación y el acceso a servicios públicos cultural y lingüísticamente pertinentes.
Nalleli Pedraza recordó que esta iniciativa forma parte de las propuestas elaboradas por las y los parlamentarios del Primer Parlamento con Perspectiva de Discapacidad, ejercicio que permitió que las propias personas con discapacidad construyeran soluciones legislativas a partir de sus experiencias.
“Seguimos demostrando que la participación ciudadana transforma las leyes. Nuestro compromiso es que ninguna de las propuestas presentadas por las y los parlamentarios quede archivada; queremos que se conviertan en derechos y en mejores oportunidades para las personas con discapacidad”, expresó.
Finalmente, la diputada reiteró que continuará impulsando una agenda legislativa basada en los derechos humanos, la inclusión y la justicia social.
Comments